Bogotá, 15 de enero de 2026. — La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación con la que busca tumbar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y restablecer la condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El recurso, que supera las 100 páginas, fue presentado por la fiscal delegada Marlene Orjuela, quien sostiene que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores jurídicos y probatorios al decidir absolver al exmandatario en segunda instancia.
Según la Fiscalía, la valoración de las pruebas no se ajustó a los estándares legales y se vulneraron principios fundamentales del debido proceso penal. En su argumentación, el ente acusador afirma que existieron elementos suficientes para mantener la condena impuesta inicialmente y que la decisión absolutoria carece de sustento jurídico sólido.
Con la presentación de esta demanda de casación, el caso pasa nuevamente a manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar los argumentos de la Fiscalía y determinar si mantiene la absolución o reactiva la condena en contra de Uribe Vélez.
Se trata de uno de los procesos judiciales más sensibles y polarizantes de los últimos años en Colombia, no solo por la figura política del expresidente, sino por las implicaciones que tendría una eventual reactivación de la condena.
De acuerdo con expertos en derecho penal, este tipo de recursos pueden tardar varios meses e incluso años en resolverse, debido a la complejidad del expediente y al análisis detallado que debe realizar el alto tribunal.
Mientras tanto, el proceso continúa abierto y mantiene su impacto tanto en la agenda judicial como en el debate político nacional.
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