A los pobres de Cartagena los ocultaron detrás de un muro para que el papa no los vea.
La misa de despedida se centrará en los derechos humanos y la dignidad humana. Pero solo la podrán ver los que entren al lote del clan García Romero, a pesar de que linda con uno de los barrios más populares de Cartagena.
Frente a Contecar, desde donde se hará la misa, queda Ceballos y los habitantes del barrio tenían la esperanza de escuchar al papa de los pobres. Pero el miércoles a la madrugada el sueño se les vino abajo: contratistas de la Corporación de Turismo de Cartagena comenzaron a levantar vallas de dos metros y medio de alto.
Dos kilómetros tenían el muro, pero los habitantes se resistieron a ver una pared y comenzaron a presionar al alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, quien dijo que había sido un exabrupto del contratista. La construcción del muro se hizo con los $5,000 millones de pesos que envió el gobierno nacional y que estaba administrando la corporación de turismo.
La presión se tornó inaguantable y Sergio Londoño mandó a quitar las paredes, pero su solución despertó aún más la indignación, pues detrás del empleado que removía la valla, iba otro poniendo una reja de dos metros de alto. Según el alcalde, tienen que ponerla pues hay un desnivel, pero para Marta Angulo, presidenta de la Junta de Acción Comunal, “nos quieren esconder como si tuviéramos una enfermedad”. Cuando en redes sociales comenzaron a cuestionar las vallas, el alcalde se lavó la manos le endilgó la culpa al contratista y a la Corporación de Turismo, junta directiva que él mismo preside y se olvidó que había sido él quien sacó pecho cuando le hacían los reconocimientos por la organización de la visita papal y no mencionaba la labor de la Corporación.
Juan Diego Perdomo es uno de los activistas que denunció con vehemencia las separaciones del lote con el barrio: “Cambiaron las vayas por rejas tipo campo de concentración durante el Holocausto. Pésimo mensaje que atenta con la dignidad humana.”
Los habitantes no se explican cómo no pueden poner vallas bajas de metro y medio, como las de los conciertos, y un cordón policial. Así han hecho en todo el país. Pero por ahora quieren saber cómo el alcalde Londoño y la presidenta de la corporación Zully Salazar permitieron la encerrona a los habitantes de Ceballos, mientras otros se preguntan cómo el Padre Javier Eduardo Rosanía, el vocero de la visita del papa a Cartagena, dio el visto bueno para que la última presencia del papa en nuestro país se diera en un lote del que son socios los hermanos García Romero, condenados por corrupción y paramilitarismo.
