Acuerdos de paz no estaran en la Constitución: Corte Constitucional.
Este miércoles se estableció, por unanimidad, que los acuerdos de paz deben ser cumplidos a cabalidad durante los próximos 12 años por los gobiernos. Sin embargo, el presidente del Alto Tribunal, Luis Guillermo Guerrero, indicó que este acuerdo de paz no entra en la Constitución del 91.
El magistrado Guerrero explicó que la declaratoria de exequibilidad del mencionado Acto Legislativo no significa, sin embargo, que el Acuerdo entre automáticamente al bloque de constitucionalidad, ya que dijo al mismo sólo deben ingresar ítems relacionados expresa y directamente con el Derecho Internacional Humanitario.
“El acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo sino que requiere un de normas para ingresarlas a la Constitución, como se ha venido haciendo con normas constitucionales, leyes del Congreso o decretos que ha expedido, como lo ha venido haciendo el Gobierno, en uso de las facultades que se le han conferido», explicó el presidente del Alto Tribunal.
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El presidente del Alto Tribunal dijo que la implementación y todo lo que contemplado en el acuerdo debe hacerse tal y como se firmó en e lmismo.
De esta forma, al declarar la Corte la exequibilidad del Acto Legislativo 02 del 2017, que creó un blindaje que permitirá el respeto a lo acordado y la permanencia en el tiempo del mismo por más de una década, obligará a que los próximos tres gobiernos y, por ende, instituciones y autoridades del Estado cumplan de «buena fe» lo que se firmó entre Gobierno y Farc, guerrilla hoy convertida en partido político.
El Acto que avaló la Corte también estableció que «las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.
Al dejar intacto el piso jurídico del Acuerdo de Paz, quedan firmes lo establecido en diversos temas como reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc, la justicia y la participación en política
