Además se han descubierto casos de mujeres o niñas que se han visto obligadas a casarse por un corto período con los distribuidores a fin de poder recibir alimentos, mientras que otros pedían números de teléfono de sus víctimas y las llevaban a casa para obtener «algo a cambio».
Las agencias y organismos salpicados por este escándalo afirman que siguen una política de «cero tolerancia» y que no estaban al tanto de ningún caso de abuso por parte de su personal en Siria. Pero funcionarios que trabajan en el terreno aseguran que la explotación sexual está tan extendida que algunas mujeres rehúsan acudir a los centros de distribución humanitaria, en un intento por evitar el acoso.
Algunas de las agencias hacen la vista gorda frente a la explotación, debido a que el uso de colaboradores locales es la única manera de llevar la asistencia a los lugares más peligrosos de Siria, donde el personal internacional no puede entrar. Este tipo de explotación sexual ya se había denunciado en el 2015, pero la situación persiste en la actualidad, lamenta la UNFPA
