La aceptación de cargos que pondrá a temblar a dos exmagistrados y un exgobernador

Alfredo Bettín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, aceptó el cargo de prevaricato por omisión. Ahora ese tribunal tendrá que darle la bendición a la negociación en la que admite que benefició ilegalmente al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

El despertar del cartel de la toga comenzó a desatar un efecto dominó en las investigaciones que llevan los entes de control. La Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, una petición para legalizar un preacuerdo firmado por el exfiscal delegado ante ese mismo tribunal, Alfredo Bettín Sierra, quien aceptó haber cometido el delito de prevaricato por omisión.
La aceptación de cargos que pone a temblar a Leonidas Bustos
De der. a izq. Leonidas Bustos, Juan Carlos Abadía y Francisco Ricaurte. Foto: Archivo particular Foto: Archivo particular
Bettín resultó salpicado hace dos años por el ventilador de Gustavo Moreno, el exfiscal extraditado a Estados Unidos. Estas declaraciones revivieron en julio de este año cuando la Fiscalía anunció que llevaría a Bettín a audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá. Aunque el exfiscal negó los cargos terminó dando su brazo a torcer.

Los investigadores lograron cerrar un preacuerdo y en consecuencia pidieron pista ante la Corte Suprema de Justicia para legalizarlo el próximo 12 de agosto. Esto significa que Bettín se declarará responsable de los cargos y que a cambio recibirá una reducción de hasta el 30 por ciento de la pena, es decir, saldrá con no más de seis años de condena.

Todo indica que Bettín la sacará barata, pero su admisión tiene repercusiones importantes en otros procesos. Primero, porque reconoce que actuó de manera dolosa para engavetar investigaciones y que lo hizo por influencia de Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, dos exmagistrados a quienes se les acaba de derrumbar otra ficha en el dominó. Además, porque admite que su omisión benefició al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, un político que tiene varios pendientes con la justicia.

Todo indica que Bettín la sacará barata, pero su admisión tiene repercusiones importantes en otros procesos. Primero, porque reconoce que actuó de manera dolosa para engavetar investigaciones y que lo hizo por influencia de Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, dos exmagistrados a quienes se les acaba de derrumbar otra ficha en el dominó. Además, porque admite que su omisión benefició al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, un político que tiene varios pendientes con la justicia.
El exmandatario regional fue sacado del ruedo político por una inhabilidad de diez años que le impuso la Procuraduría. Llegó a la gobernación del Valle cargando la cruz de ser el supuesto heredero de los votos de su padre Carlos Herney Abadía (sentenciado por financiar su campaña con dineros calientes del Cartel de Cali) y de Juan Carlos Martínez Sinisterra (condenado por enriquecimiento ilícito con plata de narcos y parapolítica). Abadía ahora es considerado por las autoridades como otro presunto «cliente» de la organización criminal que logró llevar la corrupción a la cúpula de la justicia.
En el despacho de Bettín, Abadía habría conseguido que se le archivaran por lo menos dos investigaciones en su contra y logró dilatar una imputación de cargos que finalmente fue anunciada en noviembre del 2016.

Este tercer caso -dice la Fiscalía- tardó siete años en volverse formal, y no fue por la lentitud usual de la justicia, sino por una «parsimonia a propósito». Pero Bettín no contaba con los cambios de administración en la cúpula de la Fiscalía, lo que hizo que se posara encima de él una gran presión y se viera obligado a anunciar la medida judicial.
El anuncio de llevar al exgobernador ante los estrados coincide con la renuncia de Gustavo Moreno a la defensa de Abadía, decisión que tomó para poderse ir a trabajar a la dirección anticorrupción de la Fiscalía. De este modo, la defensa del Abadía pasó a manos de abogados designados por el exmagistrado Leonidas Bustos.
Este proceso contra Abadía ahora está en etapa de juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Está relacionado a las posibles irregularidades que cometió como Gobernador del Valle en la celebración de un convenio de cooperación que firmó cuatro meses antes de salir del cargo. La iniciativa buscaba distribuir textos escolares en 40 bibliotecas del departamento pero al parecer terminó engordando los bolsillos de terceros.
Abadía había dicho a periodistas de El Espectador que la acusación de la Fiscalía «sea cae de su peso» ya que fue el mismo Bettín el que le imputó cargos. No obstante, la aceptación de responsabilidad del exfiscal Bettín entra a confirmar la versión de Moreno que llevó a juicio a Ricaurte y que seguramente se añadirá al paquete de señalamientos que tiene el Congreso contra Bustos.

Alfredo Bettín entró a la Fiscalía en el 2009 durante la administración interna de Guillermo Mendoza Diago. Llegó a ocupar una fiscalía delegada ante CSJ, puesto que abandonó una vez vinieron los señalamientos de Moreno en su contra. Ahora regresará ante los magistrados de la corte, ya no para acusar a los corruptos sino para admitir que los ayudó.

Publicado en Semana.com

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