Medio Ambiente, comunidades Afro e Indígenas mayores victimas del conflicto.

  • El pasado 28 de junio la Comisión de la Verdad presentó su informe final. La entidad fue creada después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, para conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.
  • En esta entrevista, la comisionada María Patricia Tobón habló con Mongabay Latam sobre el impacto del conflicto armado en comunidades étnicas y en el medioambiente, así como las problemáticas causadas por el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y las ocupaciones ilegales de los territorios en Colombia.

La firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 fue un hecho histórico para el país. Una de las instituciones que nació después de ese acontecimiento fue la Comisión de la Verdad, que tenía en sus manos la enorme tarea de “esclarecer los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad” y que, sobre todo, siente “las bases para la no repetición”.

Después de cuatro años de investigación, escucha y diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado, la Comisión presentó el pasado 28 de junio su informe final. Durante ese tiempo se recogieron cerca de 15 000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países, lo que permitió escuchar directamente a cerca de 30 000 personas. Además, se hizo una investigación a profundidad sobre 730 casos y 1195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

María Patricia Tobón Yagarí es una de las 11 personas designadas como comisionados de la verdad. Es una mujer indígena emberá y abogada especializada en derecho constitucional. Ha documentado la vulneración de los derechos humanos en territorios indígenas que han sido afectados por el conflicto, así como los esquemas de discriminación contra los pueblos étnicos. Mongabay Latam conversó con ella sobre el impacto del conflicto armado en el medio ambiente y en comunidades afro e indígenas, así como las problemáticas causadas por el despojo, el desplazamiento forzado y las ocupaciones ilegales de los territorios por parte de los grupos armados.

María Patricia Tobón Yagarí es abogada e indígena emberá. Foto: cortesía Comisión de la Verdad

¿Por qué la tierra, los territorios y los recursos naturales han sido y siguen siendo un botín de guerra para los grupos armados en Colombia?

—Los recursos naturales generan rentas y los grupos armados han encontrado economías ilegales, a través de estas rentas, para poder mantenerse. Actualmente hay disputas por las rentas legales o ilegales de muchos territorios. Encontramos como, por ejemplo, la extracción de madera ilegal ha sido una renta con la que han vivido los grupos armados durante mucho tiempo como es el caso de las FARC. Ellos eran los que permitían la entrada a los territorios étnicos para generar los procesos de deforestación. Es ilegal ir a cortar madera, pero ellos, al tener el control de esos territorios, permitían la entrada de gente que iba a deforestar para luego cobrarles unos “impuestos” por esa extracción. Algunos frentes de esa guerrilla vivieron de eso, por ejemplo, en el Bajo Atrato. Las FARC, en el acto de reconocimiento de las afectaciones a los consejos comunitarios afro y resguardos indígenas, aceptaron que efectivamente ellos cobraban “impuestos” por esas entradas para el corte de la madera y cómo eso generó una gran deforestación e incluso el taponamiento (obstrucción) de los principales afluentes de la zona. Esto también es parte del relato en la Amazonía colombiana, los grupos armados controlaban la entrada a los parques nacionales, zonas de reserva forestal y a los territorios de colonos y grupos étnicos.

También encontramos cómo los grupos paramilitares entraron a ocupar y a desarrollar rentas asociadas al narcotráfico en varios territorios, también en zonas de reserva y parques nacionales. Entonces, los recursos naturales han sido un asunto central de disputas en el conflicto armado por las rentas que esto genera.

Deforestación por minería en el departamento de Chocó, Pacífico colombiano. Foto: Gustavo Pisso.

Con base en los miles de testimonios que la Comisión de la Verdad recolectó, ¿cuáles han sido los territorios más afectados por el despojo de tierras?

—Territorios de las comunidades indígenas y afro en la región del Pacífico, así como en la región de la Orinoquía y la región Caribe fueron muy afectados por el despojo de tierras, motivado por diferentes intereses. Uno de ellos tiene que ver con la siembra de coca en estos territorios, lo que llevó a procesos de colonización en áreas de parques nacionales y territorios étnicos, pero también afectó zonas que no habían sido tituladas a las comunidades campesinas, negras e indígenas o que estaban esperando los procesos de titulación.

Encontramos un despojo muy grande de las comunidades negras en el Pacífico y esto aumentó muchísimo a partir de 1991, cuando estas comunidades lograron el reconocimiento de sus derechos étnicos territoriales y empezaron a organizarse colectivamente para acceder a ese reconocimiento de titularidad ancestral. Ahí empezó una violencia desmedida y un despojo de tierras que llevó al desplazamiento pero también a la ocupación de esos territorios por parte de grupos armados, especialmente paramilitares. Estos territorios también fueron ocupados por monocultivos y por grandes hacendados, algo que han documentado sobre todo los jueces de restitución de tierras. La Comisión de la Verdad, en su trabajo interinstitucional, lo que hizo fue recoger también lo que estaba en sentencias en Colombia y que ha quedado en evidencia con pruebas.

—Usted menciona a los jueces de restitución de tierras y, precisamente, hace ya más de una década que Colombia tiene la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ¿cuáles han sido los principales problemas para que la gente pueda retornar a sus territorios?

—Bueno, algunos de los problemas han sido la persistencia del conflicto, el rearme de los grupos armados en los territorios y el control que siguen teniendo allí. Esto hace que muchas personas regresen y vivan sometidas a amenazas y que algunos de los reclamantes hayan sido asesinados. Aunque la ley ha sido importante, y ha logrado el acceso a la restitución de muchas víctimas, persiste la inseguridad y el control de los territorios por parte de los grupos armados. No hay un disfrute real de las víctimas en sus derechos territoriales.

El abuelo Marcelino y su hijo, pueblo indígena en Araracuara, sosteniendo el mambe y ambil provenientes de plantas sagradas de la región en el departamento de Caquetá en la Amazonía colombiana. Foto: Informe Un Clima Peligroso.

—El despojo no existe como delito en la ley colombiana, ¿qué beneficios tendría incluirlo?

—Yo creo que si se reconoce el despojo como un delito, esto permite también realizar las investigaciones y ejercer las sanciones ejemplares para que los responsables de estas violaciones y violencias puedan responder ante las autoridades. Este ha sido y es un problema mayor en el país.

—Usted mencionó los grandes despojos y desplazamientos que han sufrido las comunidades afro en el país, ¿qué tanto ha afectado el despojo y el desplazamiento forzado a otras comunidades étnicas como los pueblos indígenas?

—Nosotros encontramos que los pueblos indígenas en este conflicto armado, a diferencia de los afrodescendientes, se quedaron en sus territorios y si bien sufrieron de desplazamiento forzado, lo que más los afectó fue el confinamiento. Los pueblos indígenas se resistieron a salir de sus territorios, ellos ya habían enfrentado invasiones desde la época de la colonia pero, ahora, se tuvieron que enfrentar a múltiples situaciones de violencia y ocupación de sus territorios. Fueron imposiciones armadas que generaron el asesinato de sus líderes y el reclutamiento forzado de muchos niños, niñas y adolescentes en los territorios indígenas. Esto también hizo que los pueblos tuvieran que desarrollar formas de resistencia como la Guardia Indígena a lo largo de todo el país.

Tuvieron que resistir, primero a la ocupación de las insurgencias de los diferentes grupos guerrilleros, que ocuparon sus territorios para resguardarse, para utilizarlos como zonas de retaguardia o zonas de campamento. Estos grupos llegaron allí de manera inconsulta. Muchos de los líderes de las comunidades que se negaron a la ocupación fueron asesinados. Detrás de esta esta guerra insurgente llegaron los paramilitares y la fuerza pública; eso hizo que los territorios indígenas se convirtieran en un epicentro de confrontación armada donde se generaron violencias a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, provocando afectaciones que pusieron en un riesgo de exterminio físico y cultural a más de 35 pueblos indígenas en Colombia.

—¿Qué situaciones se han agravado por el incumplimiento o retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz?

Encontramos que 17 macro territorios étnicos son hoy epicentros de mayor confrontación de conflicto armado, de ocupaciones de diferentes grupos y de disputa permanente por el control de los territorios indígenas y afrodescendientes, que principalmente se encuentran ubicados en zonas fronterizas.

Consideramos que es necesario que la paz sea una prioridad en Colombia, y sobre todo la construcción de paz territorial. También encontramos que hay más territorio que presencia de Estado en esos territorios por lo que consideramos urgente que el Estado priorice su presencia integral en esas zonas disputadas por los grupos armados.

Las quemas en la Amazonía colombiana suelen darse entre enero y febrero. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

—¿Qué tan afectado se ha visto el medio ambiente por el conflicto armado y por estas disputas entre grupos al margen de la ley en Colombia?

— El medio ambiente también ha sido una víctima del conflicto armado en Colombia. Nosotros lo hemos analizado así porque se causaron afectaciones directas a los ecosistemas. Por ejemplo, lo que implican los atentados contra los oleoductos que contaminaron ríos y suelos, lo que causó también un daño a la salud de las comunidades. Hablamos de ecosistemas que aún hoy se encuentran supremamente afectados.

—En las recomendaciones que hace el informe se menciona la necesidad de finalizar la elaboración del catastro multipropósito en el país, ¿cuál es la importancia de esta herramienta? ¿para qué le va a servir finalmente a los colombianos?

—El catastro multipropósito es una propuesta que se lleva debatiendo en el país desde hace mucho tiempo y nosotros la consideramos fundamental. Insistimos en que se lleve a cabo porque es la manera de registrar, no solamente los predios que existen en Colombia, sino que también es un instrumento que permite tomar decisiones de política pública y agraria en los asuntos territoriales, más cuando, en el país, la mayor parte de los territorios ocupados no tienen una seguridad jurídica efectiva. Se requiere tener un registro que permita dar cuenta de cómo está la ruralidad, cuáles son las áreas a formalizarse y cuáles son aquellas para sanearse o para titularse.

—Otro asunto que se destaca en las recomendaciones tiene que ver con la ratificación del Acuerdo de Escazú…

—Es muy importante porque gran parte del reto para Colombia es que, a medida que se resuelvan los asuntos del uso de la tierra, también se pueda tener un modelo de desarrollo más sostenible frente a los bosques, un acuerdo entre comunidades y Estado enmarcado en la protección ambiental. Creemos que ese va a ser uno de los asuntos de desarrollo más importante para muchos campesinos y campesinas que viven en los territorios afectados por el conflicto armado.

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