Rio Guabas que surte acueductos de Ginebra y Guacari esta contaminado con mercurio.

Los juzgados Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali y Segundo Administrativo del Circuito de Cartago acogieron la solicitud de la Procuraduría y ordenaron la protección de los derechos de los habitantes de Ginebra y Guacarí, y La Victoria, en el Valle del Cauca.

El juzgado de Cali encontró probados los señalamientos del Ministerio Público sobre la presencia de minería ilegal en la Reserva Forestal Sonso Guabas, por lo que amparó los derechos a la salud, la vida y el medio ambiente sano de los pobladores de Ginebra y Guacarí, afectados por la contaminación de mercurio en el río que surte al acueducto de los municipios.

El falló ordenó poner en marcha en un término de seis meses un plan de vigilancia y control para impedir la explotación ilícita de materiales, que deberá contener, entre otros aspectos, recorridos periódicos a la reserva, a la cuenca del río y sus afluentes para evitar la actividad o explotación minera ilegal.

 

El juzgado vinculó al proceso al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y requirió informes de las acciones adelantadas a Acuavalle S.A. E.S.P, entidad que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en los dos municipios, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca como autoridad ambiental en la región.

Agua potable en La Victoria

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago al fallar una acción popular presentada por la Procuraduría, amparó los derechos colectivos de los habitantes de los corregimientos de Miravalles y La Siberia, en el municipio de La Victoria y ordenó a la alcaldía adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras para garantizar el servicio de agua potable.

El ente de control pidió proteger los derechos colectivos al ambiente sano, la seguridad, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a los servicios públicos y la construcción de una planta de tratamiento de agua en razón a que el líquido que llega a las comunidades no es apto para el consumo humano. Este fallo, además de amparar los derechos colectivos solicitados para las comunidades de los corregimientos de Miravalles y Siberia, extendió la protección a las poblaciones de Taguales y Rivera Alta, en el mismo municipio.

El juzgado también pidió a Vallecaucana de Aguas incluir a los corregimientos en los proyectos de priorización del Programa Agua para la Prosperidad (PAP) y en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), para que en dos meses se realice un estudio técnico tendiente a determinar si es necesaria la construcción de una planta de tratamiento y si es del caso se adelanten las gestiones que sean necesarias para su puesta en marcha.

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